Violencia política contra mujeres indígenas: Desalojos y Represión

Violencia política contra mujeres indígenas: Desalojos y Represión

San Cristóbal de Las Casas, Chis., a 11 de julio de 2011.

A las Mujeres de México y del Mundo,

Al Gobierno Estatal y Federal,

A los Organismos de Derechos Humanos.

En el contexto nacional de una creciente violencia contra las mujeres, marcado por el aumento de feminicidios y el hostigamiento a familiares de personas desaparecidas y asesinadas por la supuesta lucha contra el crimen organizado, en el estado de Chiapas la violencia política contra mujeres indígenas se está viendo igualmente reforzada más allá de los discursos oficiales y el anuncio de presupuestos destinados a políticas públicas que supuestamente defienden los derechos de las mujeres.

Ante los hechos que exponemos a continuación, mujeres organizadas y defensoras de los derechos de las mujeres denunciamos la represión, violencia e impunidad que sufren mujeres y población infantil de la Ranchería Las Conchitas, Municipio Salto de Agua, Chiapas.

Hechos:

El lunes 4 de julio del año en curso, siendo aproximadamente las 12 de la madrugada, familias asentadas en la Ranchería Las Conchitas, municipio de Salto de Agua, fueron asaltadas en sus hogares por un grupo armado compuesto por ocho individuos, quienes los retuvieron haciéndolos objeto de tortura física y sicológica. Siendo afectadas las compañeras: Candelaria Jiménez Pérez, Magdalena Pérez López, Utina Vázquez López, Ana Álvarez Martínez y Migdalia Martínez Jiménez con sus 23 niños- niñas presentes, así como los compañeros: Domingo Pérez Gómez, Pedro Pérez Pérez, Mateo Pérez Pérez, Pablo Pérez Pérez y el joven Wilmar Martínez Jiménez.

Los agresores, cubiertos con pasamontañas, se auto-identificaron como “zapatistas”, señalando en sus conversaciones a uno de ellos como “el comandante”. Por espacio de tres horas estos sujetos mantuvieron maniatados a los esposos de las mujeres de la ranchería, sojuzgándolos mediante culatazos de sus armas y golpes de una cadena que portaban. Las mujeres, quienes en un primer momento y mientras sus esposos eran sometidos, intentaron huir hacia las montañas colindantes, fueron igualmente retenidas y encerradas en sus propias casas, obligándolas a presenciar los golpes, insultos y amenazas de los que eran objeto sus esposos.

Posteriormente, llegadas las 3 de la madrugada, hombres y mujeres fueron obligados a desalojar sus viviendas, sin permitirles llevarse nada consigo, manteniéndolos bajo continuo amedrentamiento mediante amenazas de muerte del tipo: “…y si regresan los vamos a matar”.

Bajo la vigilancia de sus agresores fueron traslados a las inmediaciones de la Ranchería El Palmar, en donde tras golpear nuevamente a los hombres, fueron liberados.

Mujeres y hombres agredidos recibieron la inmediata solidaridad y apoyo de las mujeres de la comunidad de El Palmar, quienes de manera inmediata se organizaron para ofrecerles atención, así como alojamiento y comida, especialmente para los 23 niños y niñas que conformaban el grupo.

Al tener la información vía telefónica de estos hechos, monitoras de derechos humanos y jóvenes indígenas del Colectivo Rosa Luxemburgo, junto con la coordinadora del área de derechos humanos de la asociación civil K´inal Antsetik nos trasladamos a la Ranchería El Palmar para recoger los testimonios de las mujeres, población infantil y esposos víctimas de la referida agresión.

El día 6 de julio, aproximadamente a las 16:00 pm nos trasladamos con las mujeres víctima de esta agresión ante la Fiscalía del Distrito Selva del Ministerio Público (segundo turno), siendo atendidas por el Lic. Mariano Moreno Jiménez, quien en un tono despectivo, prepotente e insensible hacia la situación de las mujeres con quienes habíamos hecho un largo trayecto para ser atendidas como corresponde en Derecho, nos conminó a regresar al día siguiente, haciendo dejación de sus funciones como servidor público y soslayando la gravedad y urgencia de la denuncia que pretendíamos incoar.

Con el propósito de instar la actuación de las diferentes autoridades públicas competentes, se mantuvo con posterioridad a la visita a la Fiscalía, una breve reunión con el Delegado de Gobierno del Municipio de Tila, a la que acudieron en representación de las víctimas de la agresión, la señora Candelaria Jiménez Pérez y Don Domingo Pérez, así como un representante de la organización popular a la que estas familias pertenecen, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS). La actitud del delegado fue en todo momento de indiferencia hacia la situación de las familias desplazadas, manifestando en un tono prepotente su nula voluntad de intervenir en la situación en busca del otorgamiento de la regularización de sus tierras a los ahora desplazados.

Exigimos al Gobierno del Estado de Chiapas y demás autoridades públicas:

1. Ofrezcan garantías reales para el retorno de las familias desplazadas de la Ranchería “Las Conchitas”.
2. Estricto respeto a los derechos de las mujeres y de la población infantil desplazada. No basta con que el Consejo Estatal de Derechos Humanos haya acudido a recabar los testimonios de las mujeres víctimas de agresión y desalojo, mostrándose insensible a las urgentes necesidades de mujeres y niños desplazados. Este Consejo debe garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de las mujeres en casos de desplazamiento forzado y en todo acto donde se violen los derechos de las mujeres.
3. La resolución de este conflicto agrario, donde como en otros casos las mujeres y la población infantil son víctimas de omisiones gubernamentales, cuando no de los intereses políticos existentes en torno a la privatización de tierras ejidales o comunales. Exigimos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), asuma su responsabilidad correspondiente frente a estos hechos y resuelva el conflicto agrario.
4. Que los Ministerios Públicos competentes en el caso garanticen la atención inmediata a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sea cual fuere.
5. Un alto a este modelo de uso de la violencia patriarcal, donde operan grupos armados aliados del gobierno estatal y federal.

Solicitamos:

6. A los Centros de Derechos Humanos, el mantener una actitud de carácter independiente, siendo imparciales en el abordaje y resolución de este tipo de conflictos, velando en todo momento y de manera consciente por el respeto a los derechos de las mujeres y la población infantil cuyos derechos se han visto vulnerados en este caso.
7. Al EZLN, se deslinde de esta agresión, perpetrada por individuos que manifestaban pertenecer al mismo, pues no creemos que esta manera de operar sea propia de su deseo de una paz digna y justa para todo México y para las mujeres indígenas.
8. A las organizaciones de mujeres y a la población en general, su apoyo y solidaridad para con las mujeres y niños desplazados, quienes aún siguen hacinados en la ranchería El Palmar, viviendo en condiciones inhumanas.

Como mujeres organizadas estamos hartas de ser usadas como botín de guerra en conflictos agrarios donde se yuxtaponen los intereses de empresas privadas e instituciones del gobierno federal y estatal, quienes pretenden llevar a cabo despojos de tierra para implementar sus planes neoliberales.

Los desplazamientos son síntoma de la manera prepotente e impune en que se ejerce el poder en este sistema capitalista y patriarcal. Existe una total falta de derechos efectivos frente al abuso y autoritarismo de quienes dicen defender los derechos humanos de las mujeres.

Hacemos responsable al gobierno estatal y federal de todas aquellas situaciones que puedan generarse como consecuencia de su omisiva o negligente respuesta a este caso, fruto de su hasta ahora inexistente voluntad política por resolver el conflicto a tiempo.

FRATERNALMENTE

Colectivo de Mujeres Rosa Luxemburgo

Área de Derechos Humanos de K’inal Antsetik.