SOBRE LA SITUACION DE LA TORTURA EN MEXICO 2010

SOBRE LA SITUACION DE LA TORTURA EN MEXICO 2010
Compañer@s, reciban saludos:
les estamos enviando un boletín sobre la situación de la tortura en México, en el contexto del “Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura”, que se celebra en todo el mundo el 26 de junio.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
¡no nos callarán!
Colectivo contra la tortura y la impunidad
El 26 de junio de 1987 marca la entrada en vigor de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Desde 1997 se conmemora en todo el mundo -y por cientos de organizaciones comprometidas con el combate a la tortura y con la rehabilitación de sus víctimas- el Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura.
La Convención Contra la Tortura es la herramienta clave para combatir la tortura y hacer cumplir los derechos de los sobrevivientes. Fue diseñada para proteger de la tortura y otras formas de malos tratos a mujeres, niños y hombres en cada país del mundo, de manera que expresa y consolida el deseo de la comunidad internacional, de que la tortura y los malos tratos no puedan ser justificados de ninguna manera:
• No con el pretexto de proteger la seguridad nacional, contra el crimen organizado, narcotráfico u otros fines,
• no para interrogar a supuestos, sicarios, terroristas, guerrilleros,
• no para incriminar a líderes o luchadores sociales,
• no para forzar una confesión de un supuesto criminal común,
• ni por cualquier otra razón.
El gobierno mexicano fue uno de los primeros en firmar la Convención Contra la Tortura, lo hizo por la coyuntura del momento y la importancia del impacto mediático, pero no así por su compromiso para erradicarla como lo ha estado evidenciando.
En este 26 de junio de 2010, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), queremos informar al pueblo de México la situación que guarda la tortura durante los más de tres años que lleva el régimen de gobierno Calderonista:
Debemos informar, de acuerdo con otras organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales que estos dos crímenes de Estado - la tortura y la impunidad – son uno de los signos más característicos de este régimen autoritario y represor el cual ha permitido en 2
diversas regiones geopolíticas del país la aplicación del estado de excepción. Su principal política y única que aplica es la seguridad nacional en contra del crimen organizado y el combate al narcotráfico a través de una estrategia policiaco-militar que ha permitido el escalamiento de la violencia en diversos ámbitos de la vida nacional, afectando la tranquilidad y el desarrollo del tejido social de toda la población.
Las consecuencias de esta estrategia para la población han sido devastadoras un aumento creciente de asesinatos, de desapariciones forzadas, de torturados, de detenciones ilegales y de ejecuciones. Según el último informe dado por José Luis Soberanes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde el 2006 hasta 2009 ha recibido más de 2,200 denuncias de abusos a derechos humanos -incluyendo desapariciones forzadas, asesinatos y tortura- presuntamente cometidos por el ejército mexicano. Sólo en 2008 se reportaron 1,230 casos, lo que representa un aumento del 600% en relación a 2006. A partir del 2008 el ejército ocupa el primer sitio en número de recomendaciones. Como las víctimas y sus familias en general no denuncian por temor a las represalias -solo un 10% se estima lo hace- se piensa que el número real de casos aún es mayor. De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional 2010, se recibieron varios informes sobre violaciones de derechos humanos a manos de la policía federal y las policías estatales y municipales, como desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos y detenciones arbitrarias. El gobierno no hizo realidad sus promesas de investigar todas las denuncias de tortura.
Además la creciente pauperización en el cumplimiento de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, de la población han obligado a las luchadoras y los luchadores sociales a los indígenas, mujeres, trabajadores del campo y la ciudad a realizar protestas enérgicas y de resistencia, lo que ha llevado consigo la confrontación con las autoridades federales, estatales y municipales, que han decidido aplicar la represión y la criminalización a la protesta social. Siendo estos sectores de la sociedad los más sometidos a detenciones ilegales, desapariciones forzadas y torturas selectivas o masivas.
Entre algunos de los muchos casos que el CCTI ha tenido que documentar están:
En noviembre del 2008, fueron ilegalmente detenidos MAXIMO MOJICA DELGADO, SANTIAGO NAZARIO LESMA y MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ FLORES por elementos de la policía investigadora ministerial de Tecpan de Galeana, en la ciudad de Teloloapan, Guerrero, ignorando las causas del porque los detenían, cabe hacer notar que durante varios días los mantuvieron secuestrados y torturados no fue hasta el 2 de diciembre de 2008, que los presentaron oficialmente. El visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CODDEHUM), Hipólito Lugo Cortés, indicó que los detenidos denunciaron que los golpearon con puños y patadas, además de amenazarlos de muerte para que se declararan culpables de varios delitos, entre ellos, secuestro, homicidio y para que aceptaran pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). 3
En enero del 2009 fueron detenidos por la Policía Estatal de Cd. Juárez Chihuahua, tres jóvenes ciudadanos, siendo objeto de interrogatorios y torturas como: golpes, patadas, toques eléctricos y amenazas de muerte, para declararse culpables de un supuesto robo a una tienda comercial Del Río. Fueron llevados a las oficinas de CIPOL y posteriormente a Ciudad Judicial quedando recluidos.
En marzo de 2009 dos hombres sin identificar que portaban uniformes de policías, detienen, secuestran y torturan (golpes, patadas, suspensión, quemaduras en los genitales, asfixiado, simulacro de ejecución) a MARCELINO COACHE en la Cd. De Oaxaca, siendo amenazado de muerte por su actividad político sindical y dejado en libertad.
En agosto de 2009, fueron detenidos por Policías Municipales de la Cd. De Quéretaro, DELLONCE MILES PÉREZ GONZÁLEZ Y LANKA IXCHEL JUÁREZ ESCOBEDO, siendo objeto de amenazas y tortura. Cuando circulaban en su vehículo fueron interceptados por una camioneta blanca de la cual bajaron seis policías municipales portando pasamontañas, cargando armas largas y acompañados con un perro, procediendo a encañonar en la sien a Dellonce, bajarlo por la fuerza de su automóvil y llevado adentro de la camioneta donde recibió insultos, se le montaron encima estando esposado por la espalda, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza en seis ocasiones para que confesara que portaba droga y se dedicaba a su venta. Fueron llevados a la estación de guardias municipales, después a la PGR y finalmente liberados.
En septiembre de 2009, cuatro sujetos pertenecientes a la PGR detuvieron por la fuerza, hostigaron y torturaron psicológicamente a RAMSES VILLAREAL un joven estudiante de la UAM-Xochimilco, siendo llevado a la PGR de Camarones en el Distrito Federal, por supuesto ataque a un banco con un artefacto explosivo, siendo objeto de interrogatorios y amenazas de violación y muerte para declararse culpable.
En febrero de 2010, fueron detenidos por elementos de Ejército después de una incursión militar, acompañados de gente armada perteneciente al narcotraficante Rogaciano Alba a la comunidad de La Morena en la Sierra de Petatlán de Guerrero, ANSELMO TORRES QUIROZ Y HUBER VEGA CORREA siendo sometidos a torturas como: golpes, esposados, incomunicados, privados de necesidades fisiológicas y llevados a la PGR de Zihuatanejo para posteriormente ser encarcelados en el CERESO de Acapulco por delitos a la salud y posesión de armas exclusivas del ejército mexicano.
El CCTI, ha atendido más de doscientos cincuenta alegatos de tortura desde su creación a la fecha. Sabemos que hay más casos, la demanda en este régimen nos ha rebasado, además de que existen casos que no se denuncian por miedo o por falta de acceso a una institución.
Muchos países firmantes de la Convención, entre ellos México, continúan practicando sistemáticamente la tortura pero además han cerrado el círculo perverso con la puesta en práctica de la impunidad. 4
La actual administración Calderonista ha mostrado su ineptitud e incapacidad para resolver las problemáticas estructurales que ocasionan las violaciones a los derechos humanos y así mismo para protegerlos, prefiriendo relegarlos o eliminarlos. Como lo ha mostrado en su actitud persecutoria y de ataque a los defensores de los derechos humanos y periodistas a quienes criminaliza, judicializa y son víctimas de homicidios como sucedió recientemente en la caravana humanitaria a San Juan Copala en donde fueron asesinados dos defensores de derechos humanos Bety Cariño y Jiry Jaakkola permitiendo la impunidad de grupos paramilitares y autoridades estatales.
En febrero de 2009, en una investigación especial de la SCJN, se llegó a la conclusión de que en mayo de 2006 la policía había cometido graves violaciones de derechos humanos (entre ellas tortura) en San Salvador Atenco, incluida torturas sexuales contra personas detenidas. Sin embargo, en el informe de la investigación se negó actuar contra los altos mandos que habían ordenado la operación y no habían impedido ni investigado los abusos. De igual manera se concluyó en el caso de Oaxaca sobre la negativa de la responsabilidad de los altos mandos, ocurrido en noviembre de 2006.
En noviembre de 2009 se hizo pública la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el informe de fondo que emitió en relación al caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, donde concluye y solicita al estado mexicano: 1) Anular la confesión obtenida bajo tortura en la PGJDF y todas las actuaciones derivadas de ella, reponer todo el proceso judicial; disponer la inmediata liberación de Alfonso. 2) Investigar de manera completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad de los autores de las violaciones a derechos humanos. 3) Reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos establecidas en esta recomendación. Situación que a la fecha no han cumplido tanto el gobierno del DF como el gobierno Federal.
El CCTI se ha comprometido desde su creación en 2004 a documentar y denunciar casos de tortura en diversos estados del país, además de llevar a cabo actividades de visitas médico-psicológicas en los diversos penales del país y capacitar a profesionales de la salud, el derecho y otros afines sobre documentación de la tortura y aplicación del Protocolo de Estambul.
Finalmente, nos sumamos a los llamados internacionales de Declaración Global contra la Tortura del International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT por sus siglas en inglés):
“Hacemos un llamado a todas las instituciones de las Naciones Unidas para que denuncien clara e imparcialmente a todos los estados que practiquen la tortura e impunidad. Y hacemos un llamado a tod@s l@s ciudadan@s, comunidades y organizaciones de base para que impulsen la ratificación universal de la Convención y para que aseguren que sus estados la acaten y pongan fin a la ilegal y horrenda práctica de la tortura de una vez y para siempre.” 5
Y de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de la Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos en el sentido de que:
“Exigimos a los gobiernos latinoamericanos a iniciar una campaña para eliminar total y radicalmente la práctica de tortura, sancionar a los torturadores, brindar atención médica y psicológica a las víctimas, reparar y compensar los daños causados a las víctimas, sus familias y comunidades, dar instrucciones a todos los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad (policiales y militares) sobre la absoluta prohibición de la misma y tomar todas las medidas necesarias para erradicarla.”
México D.F. 26 de junio de 2010

pronunciamiento por violencia de Estado

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a 10 de Junio de 2010.


A los medios de comunicación.
A las organizaciones democráticas e independientes.
A los organismos defensores de los derechos humanos.
A la opinión pública estatal, nacional e internacional.

A 39 años de la masacre del 10 de junio de 1971, perpetrada por el grupo paramilitar “Los Halcones” en contra de estudiantes indefensos en la ciudad de México, el terrorismo como política de Estado no ha cambiado en nuestro país. En aquellos años el genocida Luis Echeverría Álvarez utilizó la violencia de militares, policías y paramilitares para aniquilar al movimiento popular, del mismo modo que hoy lo hace el fascista Felipe Calderón Hinojosa.

Los paramilitares de la “Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui” (UBISORT), que con total impunidad han asesinado a cuatro personas y herido a una más recientemente en San Juan Copala, Oaxaca, refleja esa misma política terrorista contra el pueblo que se organiza para mejorar sus condiciones de vida y defender sus derechos.

En Chiapas el fenómeno paramilitar ha sido aplicado por el Estado en varias regiones. Un ejemplo está en el ejido El Carrizal, municipio de Ocosingo, donde el grupo paramilitar “Los Petules” que se encubre dentro de la “Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo” (ORCAO) y de la llamada “Coordinadora del Movimiento Popular del Estado de Chiapas” (CMPECH), han golpeado sistemáticamente a nuestros compañeros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-FNLS) contando no sólo con la protección del gobierno de Juan Sabines Guerrero, sino que éste también los ha premiado con viviendas, electrificación, escuela y diversos programas para el poblado “El Nacimiento” en que ilegalmente se asentaron dentro de dicho ejido. El apoyo gubernamental ha llegado al grado de que el exceso de víveres que les suministran, hace que ahora los paramilitares se dediquen a comercializar grandes cantidades de frijol y maíz adquiridos con recursos públicos.

El uso de fuerzas represivas del Estado contra el pueblo organizado se acaba de ver también estos días con el desalojo violento de la legítima huelga de los mineros de Cananea y en la ocupación policiaca de la mina de Pasta de Conchos, para proteger una vez más los intereses económicos de la oligarquía nacional asociada al capital transnacional.

El desprecio del gobierno de Calderón hacia nuestro pueblo se manifiesta igualmente con su indiferencia ante la heroica Huelga de Hambre que mantienen los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el D.F., en protesta por la arbitrariedad laboral anticonstitucional que decretó el cierre de sus fuentes de trabajo.

Hoy vemos un gobierno que aplica medidas fascistas para reprimir a nuestro pueblo, mientras utiliza recursos públicos para instaurar su Estado de terror y apoyar a la oligarquía empresarial y al capital transnacional, exactamente igual que sucedía hace 100 años con el dictador Porfirio Díaz. La estrategia perversa aplicada hoy por Calderón en contra del movimiento popular, sin duda lo hará pasar a la historia como un gran tirano, como un traidor a la Patria, como un asesino de los anhelos de libertad y justicia del pueblo mexicano.

No podemos olvidar los miles de luchadores sociales asesinados, desaparecidos y encarcelados injustamente por el actual régimen de Felipe Calderón, así como tampoco debemos olvidar las masacres del 10 de junio de 1971 en la ciudad de México, del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, del 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas ó del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, entre muchas otras de las barbaries cometidas por el Estado mexicano.


¡¡¡ ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO DE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA !!!
¡¡¡ PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DESAPARECIDOS POR EL RÉGIMEN !!!
¡¡¡ DESARME DE LOS GRUPOS PARAMILITARES Y CASTIGO A LOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS QUE LOS CREARON Y LOS ENCUBREN !!!
¡¡¡ APOYO TOTAL A LOS COMPAÑEROS DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS !!!
¡¡¡ APOYO TOTAL A LOS MINEROS DE CANANEA Y PASTA DE CONCHOS !!!


¡Por la Unidad Obrero, Campesina, Indígena y Popular!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO (FNLS)

DESAPARICIONES FORZADAS: IMPUNIDAD CONSTANTE DEL ESTADO MEXICANO

Desapariciones forzadas: impunidad constante del Estado mexicano
La sistemática desaparición de personas que viven en distintos puntos del país exhibe el mandato y la aquiescencia del Estado para reprimir a quienes no coinciden con su gobierno
Lejos de esclarecerse y erradicarse, las desapariciones forzadas de personas van en aumento en un país en la actual coyuntura de “guerra contra la delincuencia organizada” y contra aquellas personas de marcada disidencia frente al régimen.

El Estado se encuentra obligado a reparar y garantizar los derechos humanos, investigar las desapariciones a manos de elementos del Ejército y otros órganos del Estado, a legislar adecuadamente la desaparición, poner fin a la impunidad y a reparar a las víctimas y sus familiares.

En el marco de la Semana Mundial del Detenido Desaparecido, las organizaciones suscritas condenamos las desapariciones forzadas que el Gobierno mexicano, en distintas épocas, ha cometido e incentivado en contra de aquellas personas con ideologías contrarias al régimen gubernamental.

Las desapariciones forzadas no han finalizado con el simple paso del tiempo. Si bien la época conocida como “Guerra Sucia”, caracterizada por el alto y desproporcionado nivel de violencia que empleó el Estado mexicano mediante sus fuerzas armadas y aparatos de inteligencia en contra de movimientos estudiantiles y armados ha finalizado, la brutalidad de aquellas épocas no ha disminuido. En los últimos años se han llevado a cabo múltiples desapariciones forzadas atribuibles a diferentes órganos del Estado, sin que hasta la fecha existan investigaciones creíbles o explicaciones fehacientes.

El desinterés proveniente de los órganos de procuración de justicia, caracterizado por las nulas investigaciones y la falta de diligencia en los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la “Guerra Sucia”, han provocado que las fuerzas armadas puedan seguir operando bajo el mismo cobijo de impunidad que impera hasta el día de hoy. Aun con la entonces “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado” (FEMOSPP), que tras varios años de ineficacia desapareció en 2006, el Estado mexicano demostró que no está interesado en el respeto a los derechos humanos en el país, contribuyendo con ello al detrimento del “Estado de derecho” al que tanto alude en instancias internacionales.

Aunado a la nula respuesta del Estado para resolver las desapariciones forzadas de personas en la historia reciente del país, éstas continúan sucediendo. Bajo el contexto de la llamada “guerra contra el crimen organizado”, el gobierno federal y el Ejército mexicano han sido los responsables directos o indirectos de múltiples e ilegales privaciones de la libertad de personas cuyo paradero no se conoce hasta la fecha. Estos actos, cuando son cometidos de forma sistemática, como en el caso mexicano, han sido calificados por distintos instrumentos internacionales, que México ha firmado y ratificado, como “delitos de lesa humanidad”.

A los casos no investigados por parte del Gobierno y que por lo tanto permanecen en la impunidad, deben sumarse las desapariciones de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurridas hace tres años por su explícita disidencia del Gobierno, por ser miembros del EPR. También es actual la desaparición en Michoacán del líder social Francisco Paredes Ruiz, ocurrida hace casi tres años sin que a la fecha se sepa algo sobre su paradero.

De la misma forma, la sistemática desaparición de personas que viven en distintos puntos del país exhibe el mandato y la aquiescencia del Estado para reprimir a quienes no coinciden con su gobierno. Sin embargo, aún en casos en los que no se puede demostrar la participación directa del Estado o la existencia de un móvil político en la desaparición forzada de personas, el Estado sigue siendo responsable por la falta de investigación y sanción de los responsables. Ejemplo de lo anterior, es el caso de los desaparecidos en el estado de Coahuila, cuyos familiares entregaron un documento la semana pasada al Gobierno quien no ha movilizado a sus procuradurías, fuerzas armadas ni aparatos de inteligencia para su búsqueda, como sucede en otros casos.

Ante este marco de impunidad constante y creciente represión estatal, exigimos al Estado mexicano que adopte las medidas necesarias para garantizar la erradicación de la desaparición forzada de personas; la tipificación adecuada de este delito en los ámbitos federales y comunes; el esclarecimiento de los casos y la sanción a los responsables de estos hechos; así como la reparación a las víctimas y sus familiares.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la reciente Sentencia contra México por el caso de Rosendo Radilla, sostuvo: “la investigación llevada a cabo por el Estado no ha sido conducida con la debida diligencia, de manera que sea capaz de garantizar el reestablecimiento de los derechos de las víctimas y evitar la impunidad.” (Párr. 212). Además, en junio de 2009 se llevó a cabo el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, en donde México fue examinado por este órgano internacional y señalado por las repetidas violaciones a los derechos humanos en función de los crímenes cometidos, su nula investigación y los candados que existen para acceder a la justicia, como lo es el fuero militar.

Un país que no conoce su historia y no repara los daños ocasionados a las víctimas, está condenado a la impunidad.

Están en algún sitio / concertados
desconcertados / sordos
buscándose / buscándonos
bloqueados por los signos y las dudas
...
nadie les ha explicado con certeza
si ya se fueron o si no
si son pancartas o temblores
sobrevivientes o responsos
ven pasar árboles y pájaros
e ignoran a qué sombra pertenecen

Mario Benedetti
“Desaparecidos” (fragmento)

Organizaciones firmantes:

Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.

Comité 68 Pro Libertades Democráticas

Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua

Fundación Diego Lucero

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.

Nacidos en la Tempestad, A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 69 organizaciones)