SOBRE LA SITUACION DE LA TORTURA EN MEXICO 2010

SOBRE LA SITUACION DE LA TORTURA EN MEXICO 2010
Compañer@s, reciban saludos:
les estamos enviando un boletín sobre la situación de la tortura en México, en el contexto del “Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura”, que se celebra en todo el mundo el 26 de junio.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
¡no nos callarán!
Colectivo contra la tortura y la impunidad
El 26 de junio de 1987 marca la entrada en vigor de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Desde 1997 se conmemora en todo el mundo -y por cientos de organizaciones comprometidas con el combate a la tortura y con la rehabilitación de sus víctimas- el Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura.
La Convención Contra la Tortura es la herramienta clave para combatir la tortura y hacer cumplir los derechos de los sobrevivientes. Fue diseñada para proteger de la tortura y otras formas de malos tratos a mujeres, niños y hombres en cada país del mundo, de manera que expresa y consolida el deseo de la comunidad internacional, de que la tortura y los malos tratos no puedan ser justificados de ninguna manera:
• No con el pretexto de proteger la seguridad nacional, contra el crimen organizado, narcotráfico u otros fines,
• no para interrogar a supuestos, sicarios, terroristas, guerrilleros,
• no para incriminar a líderes o luchadores sociales,
• no para forzar una confesión de un supuesto criminal común,
• ni por cualquier otra razón.
El gobierno mexicano fue uno de los primeros en firmar la Convención Contra la Tortura, lo hizo por la coyuntura del momento y la importancia del impacto mediático, pero no así por su compromiso para erradicarla como lo ha estado evidenciando.
En este 26 de junio de 2010, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), queremos informar al pueblo de México la situación que guarda la tortura durante los más de tres años que lleva el régimen de gobierno Calderonista:
Debemos informar, de acuerdo con otras organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales que estos dos crímenes de Estado - la tortura y la impunidad – son uno de los signos más característicos de este régimen autoritario y represor el cual ha permitido en 2
diversas regiones geopolíticas del país la aplicación del estado de excepción. Su principal política y única que aplica es la seguridad nacional en contra del crimen organizado y el combate al narcotráfico a través de una estrategia policiaco-militar que ha permitido el escalamiento de la violencia en diversos ámbitos de la vida nacional, afectando la tranquilidad y el desarrollo del tejido social de toda la población.
Las consecuencias de esta estrategia para la población han sido devastadoras un aumento creciente de asesinatos, de desapariciones forzadas, de torturados, de detenciones ilegales y de ejecuciones. Según el último informe dado por José Luis Soberanes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde el 2006 hasta 2009 ha recibido más de 2,200 denuncias de abusos a derechos humanos -incluyendo desapariciones forzadas, asesinatos y tortura- presuntamente cometidos por el ejército mexicano. Sólo en 2008 se reportaron 1,230 casos, lo que representa un aumento del 600% en relación a 2006. A partir del 2008 el ejército ocupa el primer sitio en número de recomendaciones. Como las víctimas y sus familias en general no denuncian por temor a las represalias -solo un 10% se estima lo hace- se piensa que el número real de casos aún es mayor. De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional 2010, se recibieron varios informes sobre violaciones de derechos humanos a manos de la policía federal y las policías estatales y municipales, como desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos y detenciones arbitrarias. El gobierno no hizo realidad sus promesas de investigar todas las denuncias de tortura.
Además la creciente pauperización en el cumplimiento de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, de la población han obligado a las luchadoras y los luchadores sociales a los indígenas, mujeres, trabajadores del campo y la ciudad a realizar protestas enérgicas y de resistencia, lo que ha llevado consigo la confrontación con las autoridades federales, estatales y municipales, que han decidido aplicar la represión y la criminalización a la protesta social. Siendo estos sectores de la sociedad los más sometidos a detenciones ilegales, desapariciones forzadas y torturas selectivas o masivas.
Entre algunos de los muchos casos que el CCTI ha tenido que documentar están:
En noviembre del 2008, fueron ilegalmente detenidos MAXIMO MOJICA DELGADO, SANTIAGO NAZARIO LESMA y MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ FLORES por elementos de la policía investigadora ministerial de Tecpan de Galeana, en la ciudad de Teloloapan, Guerrero, ignorando las causas del porque los detenían, cabe hacer notar que durante varios días los mantuvieron secuestrados y torturados no fue hasta el 2 de diciembre de 2008, que los presentaron oficialmente. El visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CODDEHUM), Hipólito Lugo Cortés, indicó que los detenidos denunciaron que los golpearon con puños y patadas, además de amenazarlos de muerte para que se declararan culpables de varios delitos, entre ellos, secuestro, homicidio y para que aceptaran pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). 3
En enero del 2009 fueron detenidos por la Policía Estatal de Cd. Juárez Chihuahua, tres jóvenes ciudadanos, siendo objeto de interrogatorios y torturas como: golpes, patadas, toques eléctricos y amenazas de muerte, para declararse culpables de un supuesto robo a una tienda comercial Del Río. Fueron llevados a las oficinas de CIPOL y posteriormente a Ciudad Judicial quedando recluidos.
En marzo de 2009 dos hombres sin identificar que portaban uniformes de policías, detienen, secuestran y torturan (golpes, patadas, suspensión, quemaduras en los genitales, asfixiado, simulacro de ejecución) a MARCELINO COACHE en la Cd. De Oaxaca, siendo amenazado de muerte por su actividad político sindical y dejado en libertad.
En agosto de 2009, fueron detenidos por Policías Municipales de la Cd. De Quéretaro, DELLONCE MILES PÉREZ GONZÁLEZ Y LANKA IXCHEL JUÁREZ ESCOBEDO, siendo objeto de amenazas y tortura. Cuando circulaban en su vehículo fueron interceptados por una camioneta blanca de la cual bajaron seis policías municipales portando pasamontañas, cargando armas largas y acompañados con un perro, procediendo a encañonar en la sien a Dellonce, bajarlo por la fuerza de su automóvil y llevado adentro de la camioneta donde recibió insultos, se le montaron encima estando esposado por la espalda, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza en seis ocasiones para que confesara que portaba droga y se dedicaba a su venta. Fueron llevados a la estación de guardias municipales, después a la PGR y finalmente liberados.
En septiembre de 2009, cuatro sujetos pertenecientes a la PGR detuvieron por la fuerza, hostigaron y torturaron psicológicamente a RAMSES VILLAREAL un joven estudiante de la UAM-Xochimilco, siendo llevado a la PGR de Camarones en el Distrito Federal, por supuesto ataque a un banco con un artefacto explosivo, siendo objeto de interrogatorios y amenazas de violación y muerte para declararse culpable.
En febrero de 2010, fueron detenidos por elementos de Ejército después de una incursión militar, acompañados de gente armada perteneciente al narcotraficante Rogaciano Alba a la comunidad de La Morena en la Sierra de Petatlán de Guerrero, ANSELMO TORRES QUIROZ Y HUBER VEGA CORREA siendo sometidos a torturas como: golpes, esposados, incomunicados, privados de necesidades fisiológicas y llevados a la PGR de Zihuatanejo para posteriormente ser encarcelados en el CERESO de Acapulco por delitos a la salud y posesión de armas exclusivas del ejército mexicano.
El CCTI, ha atendido más de doscientos cincuenta alegatos de tortura desde su creación a la fecha. Sabemos que hay más casos, la demanda en este régimen nos ha rebasado, además de que existen casos que no se denuncian por miedo o por falta de acceso a una institución.
Muchos países firmantes de la Convención, entre ellos México, continúan practicando sistemáticamente la tortura pero además han cerrado el círculo perverso con la puesta en práctica de la impunidad. 4
La actual administración Calderonista ha mostrado su ineptitud e incapacidad para resolver las problemáticas estructurales que ocasionan las violaciones a los derechos humanos y así mismo para protegerlos, prefiriendo relegarlos o eliminarlos. Como lo ha mostrado en su actitud persecutoria y de ataque a los defensores de los derechos humanos y periodistas a quienes criminaliza, judicializa y son víctimas de homicidios como sucedió recientemente en la caravana humanitaria a San Juan Copala en donde fueron asesinados dos defensores de derechos humanos Bety Cariño y Jiry Jaakkola permitiendo la impunidad de grupos paramilitares y autoridades estatales.
En febrero de 2009, en una investigación especial de la SCJN, se llegó a la conclusión de que en mayo de 2006 la policía había cometido graves violaciones de derechos humanos (entre ellas tortura) en San Salvador Atenco, incluida torturas sexuales contra personas detenidas. Sin embargo, en el informe de la investigación se negó actuar contra los altos mandos que habían ordenado la operación y no habían impedido ni investigado los abusos. De igual manera se concluyó en el caso de Oaxaca sobre la negativa de la responsabilidad de los altos mandos, ocurrido en noviembre de 2006.
En noviembre de 2009 se hizo pública la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el informe de fondo que emitió en relación al caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, donde concluye y solicita al estado mexicano: 1) Anular la confesión obtenida bajo tortura en la PGJDF y todas las actuaciones derivadas de ella, reponer todo el proceso judicial; disponer la inmediata liberación de Alfonso. 2) Investigar de manera completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad de los autores de las violaciones a derechos humanos. 3) Reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos establecidas en esta recomendación. Situación que a la fecha no han cumplido tanto el gobierno del DF como el gobierno Federal.
El CCTI se ha comprometido desde su creación en 2004 a documentar y denunciar casos de tortura en diversos estados del país, además de llevar a cabo actividades de visitas médico-psicológicas en los diversos penales del país y capacitar a profesionales de la salud, el derecho y otros afines sobre documentación de la tortura y aplicación del Protocolo de Estambul.
Finalmente, nos sumamos a los llamados internacionales de Declaración Global contra la Tortura del International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT por sus siglas en inglés):
“Hacemos un llamado a todas las instituciones de las Naciones Unidas para que denuncien clara e imparcialmente a todos los estados que practiquen la tortura e impunidad. Y hacemos un llamado a tod@s l@s ciudadan@s, comunidades y organizaciones de base para que impulsen la ratificación universal de la Convención y para que aseguren que sus estados la acaten y pongan fin a la ilegal y horrenda práctica de la tortura de una vez y para siempre.” 5
Y de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de la Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos en el sentido de que:
“Exigimos a los gobiernos latinoamericanos a iniciar una campaña para eliminar total y radicalmente la práctica de tortura, sancionar a los torturadores, brindar atención médica y psicológica a las víctimas, reparar y compensar los daños causados a las víctimas, sus familias y comunidades, dar instrucciones a todos los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad (policiales y militares) sobre la absoluta prohibición de la misma y tomar todas las medidas necesarias para erradicarla.”
México D.F. 26 de junio de 2010