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jueves, 1 de septiembre de 2011

Del diario La Jornada Veracruz: Más de 5 mil desapariciones en el gobierno de Calderón: Fdomez

Norma Trujillo Báez - miércoles, agosto 31, 2011

La Jornada: Más de 5 mil desapariciones en el gobierno de Calderón: FDOMEZ

Entre los desaparecidos están Reyes Amaya y Cruz Sánchez, militantes del EPR, detenidos y desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007 ¦ Foto AVC Noticias
A pesar que el Estado mexicano ha suscrito los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos para la prevención y erradicación de la práctica de la desaparición forzada, los gobiernos federal y estatal coinciden en que esas 5 mil desapariciones por cuestiones políticas y sociales durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa son su responsabilidad, señalaron los miembros de Fedomez, Braulio Morales Pascuala y del FNLS, Ramiro Díaz Baltazar.
En conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de Detenido-Desaparición Forzada, denunciaron los luchadores sociales que en los cinco años de gobierno del presidente Felipe Calderón se han documentado 5 mil desapariciones “forzadas”, entre ellos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
El gobierno ha confundido la lucha contra el narcotráfico y con ese argumento han detenido de manera forzada y desaparecido a esas personas “cuando en realidad es una estrategia para criminalizar y borrar a luchadores sociales y activistas”.
Entre los desaparecidos están Reyes Amaya y Cruz Sánchez, militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (EPR), detenidos y desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007, así como también el defensor de derechos humanos del estado de Michoacán de la Fundación Diego Lucero, Francisco Paredes Ruiz; las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz; el indígena chatino Lauro Juárez.
Morales Pascuala, integrante del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (Fdomez), que coordina en la huasteca veracruzana, refirió que en la década de los 70 se intensificó el número de desapariciones forzadas, sobre todo en Guerrero; en el actual sexenio las cifras han aumentado de nueva cuenta.
A diferencia de los años 70 para militarizar diversas zonas del país con el pretexto de buscar gavilleros o insurgentes dijo, “ahora es buscar a miembros de la delincuencia organizada, situación a la que se suma la creación de grupos paramilitares para atacar a narcotraficantes, pero también a dirigentes de movimientos sociales”.
La desaparición forzada sigue como un mecanismo de represión al pueblo por parte del gobierno, pretendiendo con ello la eliminación física de quienes consideran peligrosos o sospechosos y dan una salida policiaca–militar a la movilización ciudadana”, señalaron los miembros del FNLS.
Junto con otras organizaciones campesinas emprendieron la Campaña Nacional de Familiares de Detenidos–Desaparecidos, donde además de pedir castigo a los responsables demandan leyes que castiguen las detenciones por motivos políticos o sociales sin que prescriban.
Los luchadores sociales se manifestaron en contra de la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional por considerar que con su aprobación la militarización en el país quedará legalizada con el propósito de conculcar derechos civiles y establecer un estado policiaco–militar.
Así, dijeron que la militarización ya la viven en sus comunidades, especialmente en aquellos pueblos organizados de zonas indígenas como es el caso de las huastecas de Hidalgo y Veracruz, “donde estamos padeciendo las consecuencias”.

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